La igualdad como medio y fin de la protección social

• No aspiramos a un mundo donde la mujer sea más que el hombre, aspiramos a uno donde podamos caminar juntos, hombro con hombro, hacia el desarrollo. No podemos desfallecer en nuestro propósito: lograr la igualdad, ni más, ni menos.
• El legado económico que hemos construído desde la revolución industrial, ha traído consigo graves asimetrías y brechas, que requieren ser abordadas con urgencia, desde una mirada integral y multidimensional, colocando la agenda de la equidad social en el centro de las políticas públicas.
• Es nuestro deber redoblar esfuerzos para lograr la plena inclusión económica de todas y todos, en un mundo cada vez más cambiante, desafiante e incierto.

Señoras y señores:

Quiero agradecer a las representaciones amigas que han organizado con nosotros este evento paralelo de tanta importancia, que busca generar un espacio de diálogo productivo para abordar los retos que tocan más de cerca a la mujer en el mundo.

Gracias al Consejo Nórdico y a los Gobiernos de El Salvador y Uruguay por su apertura a este diálogo.

Y de igual manera a ONU Mujeres, la OIT y el PNUD, socios de un valor inestimable en esta lucha por la igualdad de género.

Es un honor compartir este panel con grandes amigas, maestras y cómplices de muchas batallas en este difícil camino hacia la igualdad de género.

La sororidad que hemos creado entre nosotras es muestra de que cuando las mujeres trabajamos juntas, los resultados son contundentes.

Estamos conscientes de que lo que hagamos o dejemos de hacer juntas, tiene y tendrá un impacto directo en la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Pero también debo resaltar la presencia de tantos hombres que son creyentes de la equidad de género.

No aspiramos a un mundo donde la mujer sea más que el hombre. Aspiramos a un mundo donde podamos caminar juntos, hombro con hombro, hacia el desarrollo individual y colectivo de la humanidad.

No podemos desfallecer en nuestro propósito: lograr la igualdad, ni más, ni menos.

Quiero llamar la atención sobre lo siguiente:

El legado económico que hemos construído desde la revolución industrial, ha traído consigo graves asimetrías y brechas, que requieren ser abordadas con urgencia, desde una mirada integral y multidimensional, colocando la agenda de la equidad social en el centro de las políticas públicas.

El constante crecimiento del Producto Interno Bruto mide factores económicos que muchas veces están muy lejos de las personas, y sobre todo, de las mujeres.

El PIB no mide los enormes obstáculos que, por el solo hecho de ser mujer, debe sortear una joven para terminar sus estudios y encontrar su primer trabajo.

No mide la injusta desigualdad en el salario a la que se enfrentan millones de profesionistas, aún cuando realizan la misma labor que un hombre, en las mismas condiciones y con igual formación.

Tampoco mide la pobreza en los hogares con jefatura femenina, hogares que son ignorados por el desarrollo económico y que son, muchas veces, el origen cultural de la desigualdad.

No mide la economía de cuidados, las horas interminables que dedicamos al cuidado de los demás; que según la consultora McKinsey, a nivel global, equivaldría al 13% del PIB mundial.

Es por eso que el gran desafío de este siglo XXI, es impulsar un crecimiento económico que traiga consigo desarrollo humano con inclusión y justicia social, especialmente para las mujeres, que son las que estamos más rezagadas.

El gran reto es lograr que la economía esté al servicio de la prosperidad de las personas, no de algunas, sino de todas. Y con ello construir un círculo virtuoso de consumo, inversión social e impulso de la iniciativa privada, con innovación y enfoque hacia la competitividad.

En todos los foros que asisto yo insisto en este tema, porque los beneficios económicos de la igualdad de género son incuestionables.

Así lo demuestran los avances plasmados en el informe “Global Gender Gap” del Foro Económico Mundial, que asevera que la paridad de género es clave para que las sociedades prosperen.

Si nos proponemos cerrar totalmente la brecha de género a nivel mundial, obtendremos un crecimiento de hasta 12 trillones de dólares en la economía mundial.

Y tan solo una acción decisiva en torno a la discriminación salarial por género, añadiría 10 billones de dólares a la economía global.

Tomemos como ejemplo a América Latina y El Caribe. El crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos 15 años, no se puede explicar sin la incorporación de 70 millones de mujeres al mercado laboral. Por eso los próximos quinquenios del desarrollo económico, no serán posibles sin la plena inclusión de la mujer.

Sin embargo, el techo de cristal y las paredes de madera que nos rodean obstaculizan que la mujer haga un mayor aporte al desarrollo de la economía. Se hace urgente que la perspectiva de género permee nuestros países.

Las pruebas de los beneficios económicos de la igualdad están ahí, sin embargo, las resistencias persisten, las prácticas injustas prevalecen y siguen afectando las vidas de millones de mujeres.

Pero hoy, más que nunca, no nos podemos dar el lujo de perder las habilidades, ideas y perspectivas de la mitad del talento de una población. Es nuestro deber redoblar esfuerzos para lograr la plena inclusión económica de todas y todos, en un mundo cada vez más cambiante, desafiante e incierto.

Mis queridos amigos y amigas,

En el contexto que les he descrito, uno de los temas que más de cerca impacta a la mujer es la economía de cuidados.

Según OIT, las mujeres del continente americano dedicamos alrededor de 4 horas y media al día al trabajo de cuidados no remunerados, es decir, más de 30 horas semanales, esto es doble de tiempo en estas actividades que los hombres.

Esta realidad, fruto de la ausencia de políticas públicas de cuidado a lo largo del ciclo de vida, tiene un costo económico sustancial. Constituye uno de los principales obstáculos que impiden la igualdad, el acceso equitativo al mundo del trabajo y, genera limitantes en la protección social a corto y mediano plazo.

Tenemos que insistir en acciones contundentes y reformas legales y estructurales que alivien esta realidad.

Hay que reforzar el compromiso de nuestros países con un futuro de trabajo decente en la economía de cuidados, lo que generaría beneficios para todos y todas, desde diferentes campos y áreas.

Hay que insistir en medidas de protección que son claves para equilibrar la vida familiar y laboral, y así aligerar las cargas familiares y de responsabilidad del hogar.

Por igual, hay que reconocer la importancia de apostar por políticas de educación de la primera infancia y ampliar las políticas de cuidado para envejecientes y personas con discapacidad.

Esto así, porque por ejemplo, para la región latinoamericana, la CEPAL ya ha dicho que para el 2040, las personas de 60 años y más, superarán a las de 0 a 14 años.

Yo celebro los avances en materia de economía de cuidados que presentan muchos países en el mundo. Algunos son parte de la discusión del día de hoy, como el ejemplo de Uruguay, los países Nórdicos y el Salvador.

Señoras y Señores:

En el caso de la República Dominicana creamos un piso de protección social que busca validar el enfoque de género de los programas sociales, para ir más allá de un lenguaje inclusivo.

Es un trabajo que tiene como base y fundamento nuestra Constitución, que crea y establece un Estado social y democrático de derechos y la no discriminación por ninguna condición, en especial, por género.

Nuestro ordenamiento jurídico actual eleva la protección social a ocupar el puesto de un derecho fundamental, a ser garantizado a todos los ciudadanos.

En consecuencia, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en Ley desde 2012, refleja esta nueva realidad, mientras que el resto de los instrumentos normativos están siendo actualizados con la visión que tenemos como país hacia el 2030.

Como país que ha adoptado al más alto nivel el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos incorporado un amplio número de novedosas iniciativas para la articulación y coordinación de políticas públicas que buscan disminuir la pobreza, dotar de calidad los sistemas de salud, la seguridad social y la educación y una hoja de ruta para la seguridad alimentaria, todas con un amplio enfoque de género.

En lo referente a los instrumentos normativos a nivel internacional, la base sobre la que nos hemos sustentado surge de la Recomendación núm. 202 de la OIT, que brinda orientaciones a los países para que establezcamos y mantengamos pisos nacionales de protección social, como un elemento fundamental de las estrategias nacionales de seguridad y protección social, es decir, una especie de primer peldaño de la escalera social, para crear y fortalecer una protección social integral, la cual consta de un conjunto más amplio de beneficios.

Asimismo, hemos hecho acopio del informe Combatiendo la desigualdad desde lo básico. Piso de protección social e igualdad de género, presentado por la OIT, el PNUD y ONU Mujeres, instituciones que nos han apoyado decididamente en el trabajo que hoy presentamos y cuya sistematización hemos compartido con Ustedes.

Les cuento brevemente.

Primero evaluamos cuáles son los programas, servicios e infraestructuras que hoy en día proveemos:

En primer lugar, el programa Progresando con Solidaridad. Un sistema de transferencias monetarias condicionadas de tercera generación, con acompañamiento socioeducativo para generar capital humano y desarrollo social de las familias participantes de los quintiles correspondientes a pobreza y pobreza extrema.

Ahora mismo contamos con un 86% de cobertura, con un 67% de mujeres jefas de hogar, y trabajamos en escalonar la protección social y cerrar la brecha de empleabilidad.

Segundo. Un sistema universal de seguridad social, que cubre las prestaciones en salud, pensiones y riesgos laborales, con vocación a la universalidad. En la actualidad, cubrimos el 76% de la población.

Tercero. Un conjunto de prestaciones universales como el desayuno y alimentación escolar, la tanda extendida y las estancias infantiles.

Los nuevos desafíos que enfrentamos, como la irrupción tecnológica, la migración y los grupos poblacionales que demandan de políticas diferenciadas, han guiado la segunda parte del trabajo que realizamos.

Hemos evaluado el curso de los programas vigentes y cómo cuestionan o contribuyen a perpetuar las desigualdades de género, tomando en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos y la desigual asignación de papeles basada en la tradicional división sexual del trabajo

Con esto, buscamos priorizar y costear las brechas detectadas en el diagnóstico, agrupando las mujeres según su inserción laboral y su condición de pobreza o dependencia, de manera que podamos saldar las deudas sociales existente al llegar el 2030.

Hemos visto un amplio conjunto de desafíos que aún persisten y que estoy segura se repiten en muchos de sus países.

Desafíos como la participación laboral de las mujeres, que es de un 47%, frente a un 72% en el caso de los hombres.

La carga de trabajo no remunerado, que como ya he dicho es de 31.2 horas por semana para las mujeres, frente a 9.6 horas por semana en el caso de los hombres.

La desocupación de 20.9% para las mujeres, frente a un 8% de los hombres. La brecha salarial es de 21.3% y 7 de cada 10 personas entre 18 y 34 años que ni estudia ni trabaja, son mujeres. Todo esto agravado si tomamos en cuenta el ámbito geográfico.

Son números que desnudan realidades.

Y para cambiar esas realidades, hemos llevado un proceso que inició con el mapeo de protección social y género, luego continuó con las consultas nacionales para asegurar la participación de los ciudadanos, a lo que le siguió el costeo de las prioridades y los escenarios y, finalmente, entre el año pasado y este, hemos presentado los resultados y un plan de acción.

Con este enfoque de género, de ciclo de vida, intercultural y territorial, buscamos que más mujeres tengan mejores trabajos e igual remuneración que sus pares varones; que haya una mayor titularidad del acceso a prestaciones sociales; y que exista una corresponsabilidad entre Estado, mercado y familia para la economía de cuidados.

Y ojo, esto último es muy importante.

Se trata de la desfamiliarización y desmercantilización de los cuidados, que es lo mismo que decir, que evitemos que esa responsabilidad tan fuerte recaiga solo sobre las mujeres, para que ellas puedan integrarse a la vida productiva.

En lo relativo a las estrategias diseñadas para el financiamiento, luego del mapeo e identificación de 27 programas en nuestro país, realizamos un ejercicio de costeo que simula la implementación de cada ajuste en diferentes horizontes temporales, con distintos niveles de alcance y para cuatro grupos poblacionales.

Como pueden apreciar en el gráfico, en todos los escenarios, estos costos aumentan.

Por eso tenemos que identificar cuáles propuestas asumir y con qué prioridades y ritmos de implementación, de manera que podamos consolidar un piso de protección social con igualdad de género.

Señoras y señores:

Permítanme compartir algunas recomendaciones que surgen de esta política nacional de cuidados o piso de protección social de género que hemos desarrollado, porque sobre los hombros de los demás podemos ver más lejos.

Reformar las legislaciones y normativas en torno a la seguridad social;

Implementar las pensiones no contributivas o pensiones solidarias, que establece la Ley;

Mejorar la capacidad institucional y la calidad de los servicios ofrecidos al público;

Fortalecer la coordinación interinstitucional, tanto para programas contributivos como no contributivos;

Ampliar el espacio fiscal para financiar nuevos programas de protección social y ampliar los existentes.

Aprender de las buenas prácticas internacionales en la configuración de sistemas de protección social con perspectiva de género;

Dotar a los estamentos públicos de las informaciones pertinentes que resulten en un acceso democrático a los servicios públicos con perspectiva de género;

Son propuestas que se dicen fácil, pero que requieren de mucho esfuerzo.

En todas las recomendaciones ya estamos avanzando. Desde el Gabinete Social, hemos puesto manos a la obra para hacer realidad estas recomendaciones en el menor tiempo posible.

En especial, quiero resaltar lo que estamos haciendo en cuanto a la prestación de servicios públicos para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Con ese objetivo en mente, hemos adoptado el proyecto Ciudad Mujer, adaptándolo a nuestra realidad social, cultural y demográfica, con el propósito de brindar acceso oportuno a servicios eficientes y prestación de calidad, desde la articulación intersectorial, bajo un enfoque de derechos y multidimensionalidad, para lograr el empoderamiento político, social y económico de la mujer.

Es un amplio esfuerzo que busca hacer realidad una máxima en la que creo con todas mis fuerzas: donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan.

Amigos y amigas:

El amplio nivel de análisis y discusión que resultaron en la Iniciativa de Piso de Protección Social e Igualdad de Género en la República Dominicana, la convierten en un caso para ser replicado en otros países, con sus lecciones aprendidas y buenas prácticas aplicadas.

Las estimaciones son un primer acercamiento metodológico hacia ese objetivo. Un ejercicio que plantea criterios útiles para revisar sucesivos diseños y rediseños de los programas de protección social.

El diálogo social ha sido la clave para construir una propuesta de sistemas de protección social con perspectiva de género, que sirva para “generalizar” el tratamiento del acceso y la distribución de los recursos para cumplir con la protección social.

La idea es que «nadie se quede atrás», tal y como lo postula la Agenda 2030. No es una tarea sencilla, pero es necesaria y posible.

Poco a poco estamos logrando que los sistemas se adapten para incorporar con determinación la perspectiva de género y dejar atrás la tradicional división sexual del trabajo.

Muestra de ello es la expansión de los programas de corresponsabilidad de cuidados a la niñez y el amplio enfoque hacia la creación de capacidades para las mujeres.

No es casualidad que 7 de cada 10 participantes en acciones formativas en toda la República Dominicana, ya sea a nivel técnico o profesional, son mujeres.

Sin embargo, la tarea es extensa y, según lo que hemos podido escuchar hoy, las amplias brechas de género exigen un esfuerzo mayor en diferentes áreas de las políticas públicas.

Lo esperanzador es que los costos de cada medida propuesta no superan más del uno por ciento del PIB, lo que quedaría ampliamente cubierto por el aumento que generaría en la economía la plena integración de la mujer a los mercados de trabajo.

Como dice un poema de Alfonsina Storni, cada día que pasa, me siento más dueña de mi misma. Pero no quiero ser yo sola la que me sienta así. Albergo ese deseo para todas las mujeres de mi país y del mundo.

Alcemos nuestras voces, declamemos juntas que cada día somos más dueñas de nosotros mismas, que exigimos ser respetadas y amadas, que nuestro derecho a la autonomía física, económica, emocional y social, no son negociables.

Hagamos realidad el más justo de los derechos: igualdad, ni más, ni menos.

Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.