Más resiliencia a través de la protección social

  • La resiliencia es el arma más poderosa que tenemos para combatir la desgracia y la infelicidad y cualquier estado de insuficiencia o insatisfacción que podamos experimentar.
  • Lo que decide la naturaleza no lo podemos impedir, pero sí tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar y actuar de una manera efectiva ante los desastres naturales y aportar a que nuestras acciones no generen fenómenos más fuertes y catastróficos.
  • Nuestra nueva perspectiva de la protección social frente a los choques climáticos no limita la protección al aseguramiento de la supervivencia y la seguridad física de las personas afectadas durante las emergencias, sino que plantea un enfoque de protección integral y sostenido de la población afectada.

Amigos y amigas,

Hoy quiero reflexionar junto a ustedes acerca de un concepto muy importante para la mejora continua de nuestra calidad de vida y el desarrollo humano sostenible.

Me refiero al concepto de la resiliencia, que aparece a inicios de esta década, pero que aún no ha sido integrado suficientemente en nuestro diario vivir.

La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos de situaciones dolorosas, lacerantes e inesperadas y superar los traumas y heridas que estas hayan podido causar.

La resiliencia es el arma más poderosa que tenemos para combatir la desgracia y la infelicidad y cualquier estado de insuficiencia o insatisfacción que podamos experimentar.

Va más allá del perdón y el olvido, de la comprensión y la fortaleza.

Se puede ser resiliente o tener resiliencia. Es una actitud frente a la vida que debemos cultivar.

Dicho esto, en este encuentro nos ocuparemos del rol que juega la protección social ante desastres, desde esa capacidad del Estado de coadyuvar a generar resiliencia en los seres humanos.

Esto así porque el cambio climático y el daño al medio ambiente causado por la actividad humana, nos colocan en una situación de riesgo constante.

Cada vez hay más desastres naturales con más frecuencia y con mayor intensidad, y desgraciadamente cada vez más impredecibles y devastadores a su paso, los cuales, sin dudas, ponen en riesgo todo lo que hemos avanzado en materia social.

Un desastre natural afecta la educación, porque disminuye las horas de aprendizaje en las aulas, afecta los planteles escolares y pone en riesgo el año escolar.

Afecta la salud, porque causa brotes epidémicos, colapsa la capacidad de atención, puede ocasionar lesiones permanentes y hasta pérdida de vidas humanas y animal.

Impacta la alimentación, porque destruye los cultivos y encarece los productos de primera necesidad.

Encarece el agua, disminuye el turismo y la actividad económica en general.

Genera daños en las comunidades y altera todos los indicadores económicos del país.

Pero sobre todas las cosas, causa daños a las personas, en especial a las que viven en situación de vulnerabilidad.

Esta realidad nos reúne hoy aquí, para trabajar en torno a los vínculos existentes entre las políticas de protección social y la gestión de riesgos ante catástrofes.

La República Dominicana tiene mucho que presentar sobre el tema.

Vivimos en la ruta de la temporada de huracanes, que cada año nos pone en vilo ante la posibilidad de que un fenómeno de este tipo, tan solo con acercarse a nuestro territorio, resulte en graves inundaciones, daños materiales y pérdidas humanas.

De acuerdo al Global Climate Risk Index, la República Dominicana se encuentra en el lugar número 11 de los países más afectados por eventos potencialmente desastrosos.
Eso se confirma con la data histórica.

Desde 1980 y hasta el 2017, la República Dominicana ha sido afectada por 28 huracanes y tormentas y 20 inundaciones que provocaron casi 2,000 pérdidas de vidas humanas.

Les pongo de ejemplo dos fenómenos recientes. Los huracanes Irma y María, que hace poco impactaron a toda la región del Caribe, si bien no afectaron a la República Dominicana de lleno porque sus trayectorias se alejaron considerablemente de nuestro país, a pesar de ello, tuvimos casi un millón de personas desplazadas y 5 mil viviendas sufrieron daños, algunas irreparables, en más de 15 comunidades del país.

El Gobierno dominicano, como precaución debida, declaró jornadas no laborable para que las personas pudieran resguardarse, lo que le costó a la economía dominicana alrededor de US$300 millones de dólares, en ingresos que perdieron empresas, familias y el gobierno por la interrupción del flujo en los circuitos económicos.

A eso le sumamos el costo de reconstruir lo dañado, que genera una presión hacia las arcas públicas, que cada año obliga a disponer de un fondo para este tipo de emergencias.

Según la información del Banco Central, los costos fiscales asociados a estos eventos climatológicos recientes representan un gasto promedio que oscila entre 0.60% y 1.80% del PIB.

Yo les pongo un ejemplo aún más concreto del riesgo que enfrentamos.

Hace poco presentamos en la República Dominicana un estudio sobre el impacto de las políticas sociales de nutrición que llevamos a cabo desde el Gabinete Social, y sus efectos positivos en la disminución de la desnutrición crónica y el hambre en las poblaciones más vulnerables.

Como resultado de las acciones implementadas con el Programa Mundial de Alimentos, hemos reducido la anemia en un 50%, disminuimos el sobrepeso en 79% y disminuimos la desnutrición crónica en 56%.

Un resultado como este, de años de trabajo, se puede ir por la borda con un solo fenómeno natural.

Ustedes, al igual que yo, saben que son situaciones donde los que más pierden son las personas que viven en vulnerabilidad o pobreza y que, por ende, se transforman en escollos para superar las limitantes que impiden el desarrollo del país.

Como dice el Banco Mundial, y cito:

“Las personas pobres sufren desproporcionadamente a causa de los desastres naturales porque suelen estar más expuestas a tales amenazas, especialmente a las recurrentes. También pierden más cuando sufren una catástrofe porque dependen de activos y medios de vida que son más vulnerables. Por ejemplo, las personas pobres tienen casi el doble de probabilidad que la población media de vivir en viviendas frágiles. Y son menos capaces de hacer frente a los desastres y recuperarse, porque reciben menos apoyo de amigos y familiares, del gobierno y del sistema financiero. Las personas pobres también están sujetas a efectos irreversibles sobre la educación y la salud que refuerzan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por lo tanto, la pobreza empeora la vulnerabilidad de las personas a los desastres.”

En consecuencia, si cada año van empeorando los fenómenos naturales, por el cambio climático y el efecto de la actividad humana en el medio ambiente, entonces debemos prepararnos cada vez mejor.

Esto deja en evidencia la necesidad impostergable de generar un amplio conjunto de herramientas científicas y operativas, que nos ayuden a enfrentar esta realidad.

El Programa Mundial de Alimentos llama a esto proteccion social reactiva. El Banco Mundial le llama protección social adaptativa.

Se trata de dar respuesta a qué debe hacer el Estado luego del cierre de la emergencia, donde una parte importante de los hogares ven sus condiciones de vida y de desarrollo deterioradas, dado que no disponen de mecanismos de resiliencia o tal vez, si, pero limitados y, en muchos casos, tampoco disponen del apoyo y protección social adecuados por parte del Estado.

En este contexto, nace nuestra inquietud de ocuparnos e involucrarnos en este tema a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), y sus instancias operativas, especialmente el programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), para asegurar una sincronía en las acciones de respuesta y la recuperación post desastre de la población pobre y vulnerable.

Esta nueva perspectiva de la protección social frente a los choques climáticos no limita la protección al aseguramiento de la supervivencia y la seguridad física de las personas afectadas durante las emergencias, sino que plantea un enfoque de protección integral y sostenido de la población afectada.

Esto asegurará que se trabaje de manera coordinada en el aumento de la resiliencia de los hogares a estos fenómenos.

Lo primero que hemos hecho es aprovechar la experiencia del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), y con apoyo técnico del PNUD, creamos el Índice de Vulnerabilidad frente a Choques Climáticos (IVACC), con el fin de determinar el grado de vulnerabilidad y exposición al riesgo de desastres de los hogares.

Aplicado a la base de datos de hogares vulnerables que tenemos, se construyó lo que consideramos un acercamiento a la cuantificación de la probabilidad de que un hogar sea vulnerable a un desastre natural, dadas ciertas características socioeconómicas.

El IVAAC establece que las familias más vulnerables están en los hogares con menor calidad de vida según el Índice de Calidad de Vida (ICV).

Luego, junto a Oxford Policy Management y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se genero un estudio sobre el potencial del Sistema de Protección Social Dominicano para responder a las emergencias.

El tercer paso que hemos dado desde la Vicepresidencia a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y su Red de Protección Social fue diseñar entonces, a partir de las evidencias anteriores, el “Protocolo Nacional de Actuación para la Protección Social Frente a Choques Climáticos”.

El Protocolo tiene la finalidad de garantizar la articulación y actuación oportuna, integrada, sostenible y eficiente de las principales instituciones públicas, por medio al ofrecimiento de una canasta de servicios sociales de fácil acceso para atender las necesidades de la población afectada.

En conjunto con las instituciones y organismos que forman parte del Comité Operativo de Emergencia, hemos realizado simulaciones de emergencias y nos encontramos concluyendo un mapeo de la Institucionalidad de Protección Social Adaptativa que contiene toda la oferta e iniciativas sociales por parte de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil, encaminadas a actuar en emergencias, desde el nivel central y desde el nivel territorial. El mapeo tiene un alcance nacional y permitirá determinar los vacíos o brechas que existen de cara a la preparación de una estrategia para un abordaje integral.

Dentro de muy poco, estaremos trabajando en una Estrategia Nacional de Protección Social Adaptativa Integral para la República Dominicana.

Es una estrategia operativa de intervenciones de protección social a lo largo del ciclo de gestión de riesgos, que contempla prevención, preparación antes de la respuesta, respuesta y recuperación, y reconstrucción.

Esto es, el Estado estará en condiciones óptimas de intervenir antes, durante y después de un evento o desastre natural a los fines de preservar la vida y generar resiliencia adaptativa en los más vulnerables.

Toda esta experiencia esta a la disposición de todos los países interesados, en especial, de los que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana.

Yo estoy convencida de que son instrumentos que podemos continuar fortaleciendo en conjunto para incluir aquellos fenómenos que quizás no se conocen en la República Dominicana, y que si son comunes en Panamá o en cualquier otro país hermano del istmo.

En consecuencia, todos podemos aprender unos de otros y estar preparados para antes, durante y después de un fenómeno.

Amigos y amigas:

Lo que decide la naturaleza no lo podemos impedir, pero como seres racionales que somos, sí tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar y actuar de una manera efectiva ante los desastres naturales y aportar a que nuestras acciones no generen fenómenos más fuertes y catastróficos.

De eso se trata la resiliencia que estamos llamados a tener, y para ello se requiere de la sinergia de nuestras instituciones, para encontrar las vías de acción pertinentes para esta tarea.

Espero que a partir de este encuentro todos nuestros países asuman políticas de protección social adaptativas que den respuestas cada vez más eficiente a los desastres naturales.

Y pongo a su disposición la metodología del IVACC para que toda la gente de nuestra región, sobre todo los más necesitados, y los más vulnerables cuenten con mecanismos de resiliencia social que les permitan seguir escalando la escalera social del bienestar y el desarrollo con felicidad y mucha capacidad de resiliencia personal.

Muchas gracias,

Dios les bendiga.

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