Efecto contraproducente
El proyecto de Ley que contiene la propuesta de Presupuesto General del Estado para el año 2021, que fue depositado ante el Congreso Nacional y se encuentra en proceso de discusión, no contempla la continuación de los programas de protección social puestos en marcha en abril de este año, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El gobierno del Presidente Luis Abinader ha anunciado que los programas Quédate en Casa, FASE I, FASE II y Pa’ Ti, no continuarán a partir del próximo mes de enero, una medida que conlleva un alto riesgo y generará fuertes vulnerabilidades en las personas más necesitadas.
Aunque hay que reconocer que el costo de estos programas constituye un fuerte sacrificio para las finanzas públicas, más grande es el sacrificio que han tenido que asumir los millones de dominicanos y dominicanas que han tenido que transformar su estilo de vida debido a la pandemia del COVID-19, asi como, la extrema precariedad de millones de dominicanos que no cuentan con la seguridad de un ingreso o peor aún los fondos suficientes para alimentarse adecuadamente.
En tiempos de pandemia tenemos que pensar y trabajar por y para el pueblo, cuidar de la economía nacional para atender y proteger a nuestros ciudadanos. Si no hacemos lo primero sería una desgracia, pero fallar en lo segundo es una fatalidad.
Debemos observar atentamente lo que está sucediendo en los países que fueron impactados primero que la República Dominicana por el COVID-19, que están volviendo a tomar medidas drásticas como lo hicieron en la primavera, debido a una segunda ola que ya parece inminente. España, Italia y Estados Unidos, solo por mencionar algunos, presentan un panorama preocupante que podría ser tan difícil y desolador como el que enfrentaron al inicio de la pandemia.
Aún hay mucho que no sabemos sobre el COVID-19, por ende, no podemos asumir que la situación actual, que parecería que está todo bajo control, se mantendrá hasta que la vacuna sea una realidad palpable. En adición, el país ha perdido más de 250 mil empleos, que no se recuperarán en el corto plazo, lo que deja desprotegidas a muchas familias.
En consecuencia, el gobierno debe tomar las previsiones de lugar para disponer de los fondos necesarios para mantener los programas de protección social más allá de diciembre, incluso, de ser posible, hasta que tengamos una vacuna.
La respuesta social al COVID-19 ha reafirmado el rol de los Estados como garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a la salud, a la educación y la protección del ingreso de las familias. Al momento que se escriben estas líneas, no hay razón que justifique la modificación de los programas sociales en curso, puesto que la razón que dieron origen a los mismos aún persiste.
No debemos esperar a que una segunda ola del coronavirus nos ataque para tomar las medidas necesarias, debemos actuar preventivamente y definir, desde ahora, cuáles serán las acciones por tomar en caso del recrudecimiento de los casos y que el sistema hospitalario vuelva a sobrecargarse. Desde ahora, el Gobierno debe dar inicio a los procesos necesarios de adquisición de medicamentos e insumos, antes de que en el mercado global eleven sus precios por la demanda.
Los programas sociales deben seguir protegiendo a las familias donde no existan ingresos fijos, lo que puede verificarse mediante la revisión de la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social y la del Sistema Único de Beneficiarios. Suspender estos programas antes de una vacuna constituirá un daño irreversible a las familias más necesitadas, un efecto contraproducente que vamos a lamentar.
