El desarrollo fronterizo
La Estrategia Nacional de Desarrollo contempla la promoción del desarrollo sostenible de la zona fronteriza como una estrategia fundamental para la protección de nuestra soberanía, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en esa región y la ampliación de los vínculos comerciales con nuestro vecino, Haití.
No se trata de una propuesta que surgió por obra del azar. Para integrar al país a la región y fortalecer el lugar de República Dominicana en la competencia internacional, se requiere consolidar las infraestructuras fronterizas para favorecer los intercambios comerciales y promover una distribución equitativa del bienestar económico y social, de forma que mejoren las condiciones de vida de las personas que habitan provincias fronterizas.
Para normalizar el intercambio comercial con nuestro vecino, lo primero y más importante es que existan infraestructuras (físicas y tecnológicas) suficientes para controlar eficazmente a las personas y los bienes que pasan la frontera, tanto por un aspecto económico como por la necesidad de blindar nuestra frontera ante el trasiego que procede del crimen organizado, ya sea por narcotráfico, tráfico de personas, armas y contrabando de productos.
Pero la construcción de esas infraestructuras resultará insuficiente si no se invierte en la gente. Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuatro de las cinco provincias más pobres del país están en la frontera: Pedernales, Independencia, Elías Piña y Bahoruco. Basta con hacer un recorrido visual por estas provincias para constatar la necesidad que tienen de proyectos de desarrollo productivo que puedan generar empleos, de más infraestructuras para mejorar la salud, la educación, la calidad de las viviendas y la conexión física y digital de estos pueblos.
En el pasado reciente, existieron programas y proyectos que apuntaban a esa dirección, como es el caso del programa Progresando Unidos, que buscaba generar calidad de vida en las 14 provincias más empobrecidas del país, entre ellas las que forman parte de la zona fronteriza.
Algunos datos públicos merecen nuestra atención. La inversión anunciada en el Presupuesto General para el 2022 en la zona fronteriza es de 6,700 millones de pesos, una disminución de 38.3% respecto al 2021, según los datos del MEPyD. Llama la atención que la inversión en Salud es de apenas un 8.8% del monto total, la inversión en Educación es de apenas un 12.8%, mientras que a la protección social solo se ha destinado un 5.2% de los montos programados, lo que fortalece el argumento de que la inversión en la zona fronteriza no se enfoca en las personas.
El reporte del Observatorio de la Frontera del MEPyD recalca sobre el tema, cuando dice que “si bien es importante el enfoque hacia la cobertura del déficit de infraestructura productiva del territorio, es importante que nuevas programaciones de inversión pública profundicen el enfoque social”. No hay dudas de que el gran déficit de la zona fronteriza es social, más que económico, y que corresponde al Estado suplir esa carencia con la mayor urgencia.
