Un beneficio para ejercer derechos

Autora: Margarita Cedeño de Fernández

El actual panorama político-económico de la región de América Latina y El Caribe está dominado por un discurso que se enfrenta a los supuestos estructurales que sustentan la desigualdad social. Algunas organizaciones no gubernamentales no logran entender que existe un consenso a nivel político, sobre la concentración inaceptable de riquezas en pocas manos, que resulta en una fuerte desigualdad social en toda nuestra región.

Los Gobiernos de la región hemos acudido a tres estrategias principales para romper esta desigualdad: una política social de tercera generación que impulse el empoderamiento en derechos, una inversión sin precedentes en la educación y una política agresiva que propicia la generación de ingresos y empleos para las clases más desposeídas.

A pesar de los logros que presenta la política social en nuestro país, hay instituciones que se empeñan en demandar un programa de transferencias monetarias condicionadas que “garanticen servicios universales de calidad, construyan conciencia de derechos y enfrenten las desigualdades de género”, sin antes evaluar lo que es Progresando con Solidaridad y de qué manera está propiciando justamente todo aquello que se reclama.

Es el consenso global, avalado por organismos y expertos internacionales, que las Transferencias Monetarias Condicionadas permiten comprometer a las personas que viven en pobreza, a ser partícipes de toda una estrategia que demanda de ellos un gran número de corresponsabilidades y compromisos, diseñados para que puedan empoderarse de su propio destino, vencer barreras culturales y estructurales y romper el círculo vicioso de la pobreza.

Progresando con Solidaridad no es gratis para las familias participantes, tiene un costo para ellos en términos de tiempo dedicado a mejorar sus condiciones de vida, a capacitarse para generar ingresos, educarse en valores y entender la importancia de la salud, la educación, las tecnologías de la información y la comunicación y el emprendimiento, entre otros, un esfuerzo que moviliza a más de 21 mil personas voluntarias a nivel nacional, quienes acompañan a los participantes para que mejoren sus condiciones de vida y, por ende, puedan salir de su condición de pobreza.

En fin, las Transferencias Monetarias Condicionadas también son un mecanismo de redistribución de riquezas y reducción de la desigualdad que nos arropa vorazmente; desigualdad que se traduce en delincuencia, inseguridad y desesperanza.

Es una estrategia que también aborda la desigualdad de género. Más de un 70% de quienes dirigen los hogares que forman parte del programa son mujeres, por lo cual, el apoyo que reciben es determinante para que no tengan que depender emocional ni económicamente de otras personas y puedan impulsar a su familia en base a su propio esfuerzo. Esto va acompañado de varias iniciativas para enfrentar la violencia de género, trata de personas, embarazo en adolescentes y la discriminación de género en todas sus facetas.

Las políticas públicas que hoy están en ejecución, demuestran que la prioridad del Gobierno dominicano es la inversión en servicios sociales de calidad, como vemos que sucede en torno a la educación y la salud. Sin embargo, igual de importante es la inversión en las personas, para que puedan aprovechar correctamente estos servicios y sacar el mejor provecho de ellos.

Progresando con Solidaridad ha superado el concepto clientelista y asistencialista que erróneamente se supone a los programas sociales. Hoy en día, es un instrumento reconocido por toda la región y por los organismos internacionales, sustentado en un proceso de selección de beneficiarios muy exigente y transparente, certificado también por instituciones internacionales.

No hay riesgo de que la política social del Gobierno sea “un privilegio que niega derechos”, porque hemos puesto todo el esfuerzo para que sea todo lo contrario, un programa que busca mejorar a los individuos para que tengamos un mejor país.